Baleares_Son Espases deniega permisos a los profesionales por intervención quirúgica e ingreso de familiares

Dentro de la brutal política de recortes en el ámbito de la sanidad se enmarca una dinámica de restricción de derechos de los trabajadores de la sanidad pública. A la administración no le ha temblado la mano a la hora de acabar con la contratación de sustitutos, reducir los salarios o aumentar las horas de jornada, lo cual ha supuesto el grueso de la reducción de gastos en la sanidad pública.Sin embargo, no satisfechos con ello, y aunque ya se trata de cantidades económicas ridículas, el siguiente paso consiste en atacar los derechos más básicos de los profesionales, avalados por la legislación vigente. Una de las situaciones que se están dando en la actualidad es la denegación del permiso por enfermedad grave o intervención quirúrgica de familiar de primer grado, sobre todo en situaciones de recaídas, recidivas de tumores, etc

SATSE afirma que el último caso puesto en manos del sindicato deniega a una enfermera un permiso por intervención quirúrgica de familiar de primer grado, debida a una recidiva de un tumor. El hospital Son Espases argumenta que deniega el permiso porque se concedió uno por intervención quirúrgica del mismo familiar en el año 2012, lo cual no es un motivo de denegación de permiso recogido en ninguna normativa oficial. A la vez, exige que en vez del pronóstico o el certificado de ingreso del familiar, se aporte un certificado con el diagnóstico clínico, algo absolutamente innecesario y que puede vulnerar la legislación vigente en materia de protección de datos y de privacidad del paciente, y que en ningún caso es valorado por personal sanitario sino por personal administrativo y personal responsable del departamento de recursos humanos.

Ello da lugar a situaciones hasta hace poco impensables, como por ejemplo que una madre no pueda acudir a una intervención quirúrgica con su hijo menor si no logra cambiar el turno de trabajo.El Sindicato afirma que está documentando casos de denegación injustificada de permisos y buscando indicios de prevaricación, ya que entiende que podrían estarse emitiendo resoluciones de denegación a sabiendas de que pueden vulnerar legislación como el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Igualdad y normativa sobre conciliación de la vida familiar y laboral.

En cualquier caso, SATSE afirma que no se trata ya del insignificante ahorro económico sino de una cuestión ideológica, de un ataque frontal a los ya mermados derechos de los profesionales.