El Gobierno del PP crea un grave problema asistencial en las Islas Baleares

Los 6.000 profesionales de Enfermería de las Islas Baleares no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico, caso, por ejemplo, de las vacunas, lo que conllevará una peor atención a los baleares (más esperas, más consultas y más gestiones...), tras la aprobación por parte del Gobierno del PP de un Real Decreto que también perjudicará al IB-Salut.

Según ha explicado el secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE, Jorge Tera, el Ministerio de Sanidad ha traicionado y engañado a la profesión enfermera balear al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos.

El representante enfermero ha indicado que, una vez se publique en el BOE el Real Decreto, el Gobierno del PP pasará “la patata caliente” a las CC.AA., y será la consellera de Salut, Patricia Gómez, a quien le corresponda asumir una situación creada por la administración central.

Se da, además, la circunstancia de que el texto inicial acordado con la profesión enfermera fue ratificado también por las Islas Baleares, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de marzo. Por ello, desde la Mesa de la Profesión se ha solicitado también una reunión con la consellera de cara a recabar su apoyo en su demanda de cambio del RD.

En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, Tera ha destacado que la norma afectará a prácticamente todos los ámbitos donde los enfermeros desarrollan su trabajo: hospitales, centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de salud laboral…

Así ha apuntado que, en todos estos ámbitos, los profesionales vienen usando e indicando medicamentos de prescripción médica siguiendo protocolos pactados con los médicos o publicados por las autoridades sanitarias. Se trata de una actuación más de su asistencia enfermera, ha subrayado, añadiendo que estas actuaciones enfermeras en el ámbito del fármaco son vitales para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones y la atención en su conjunto, aspectos que inciden directamente en la optimización y coordinación de los recursos disponibles y en la seguridad del paciente.

Ejemplos

Algunos ejemplos de situaciones asistenciales que van a verse directamente perjudicadas por esta nueva normativa son cuando las enfermeras administran una vacuna; cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma; cuando utilizan cremas (algunas de ellas consideradas medicamentos sujetos a prescripción médica) para curar heridas, quemaduras o ulceras por presión, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos o anticoagulados.

Asimismo, en todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente (empresas, escuelas, residencias de mayores, ambulancias…) la enfermera tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica antes de actuar en innumerables situaciones, con el consiguiente perjuicio para sus pacientes.

El secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE ha reiterado que, una vez entre en vigor el RD, los profesionales de Enfermería tendrán que modificar su forma de actuar si no quieren ir contra la Ley y su propio Código Deontológico, porque, de lo contrario, supondría asumir una responsabilidad que no le corresponde (delito de intrusismo profesional). Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.

Ante esta situación, desde la Mesa de la Profesión se ha instado a los profesionales de enfermería a que realicen la denominada “huelga competencial”, es decir, que no lleven a cabo ninguna actuación relativa a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el Real Decreto aprobado.

Esta situación absolutamente lamentable, por el perjuicio que supondrá para los pacientes, ha sido provocada por el PP. En este sentido, desde la Mesa se ha pedido a la consellera de Salut, Patricia Gómez, que dicte las instrucciones precisas para que los órganos directivos de los centros e instituciones sanitarias de la CC.AA. respeten el quehacer diario de todos los enfermeros que a partir de ahora se verán obligados a actuar conforme a lo previsto en el Real Decreto y no les obliguen a realizar cualquier acción que les lleve a una inseguridad jurídica.

Entre las diferentes acciones previstas por la Profesión Enfermera, el ponente ha destacado el desarrollo de una campaña de información y sensibilización social en todo el Estado, para que los ciudadanos conozcan que la decisión adoptada por el Gobierno del PP supondrá más tiempos de espera, más consultas y más gestiones. En definitiva, una peor atención de la que no será responsable, en modo alguno, el profesional enfermero.

Finalmente, Tera ha anunciado la celebración de unas jornadas de responsabilidad civil en todos los centros sanitarios para que los profesionales enfermeros conozcan las consecuencias del Real Decreto en lo que respecta a su seguridad jurídica y actuación profesional. De igual manera, los enfermeros contarán con todo tipo de información y asesoramiento en la sede provincial del Sindicato de Enfermería SATSE.