SATSE reclama a la Consellera que se clasifique a enfermeras y fisioterapeutas en el Grupo A

Estimada Consellera:

Por medio del presente escrito, queremos trasladarle la gran preocupación que provoca entre las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestra comunidad la evidente y anacrónica situación de desigualdad y discriminación respecto a otros/as profesionales sanitarios/as y empleados/as públicos/as, en lo relativo a su grupo o clasificación profesional, a causa de una disposición de carácter transitorio, que se prolonga ya casi 16 años.

Tras la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, se extinguieron los planes de estudios de licenciatura y diplomatura, y, desde ese momento, a la finalización de todos los estudios universitarios se obtiene un título de Grado. Entre ellos se incluyen los grados en Enfermería y Fisioterapia, ambos con los mismos créditos ECTS (240) que la mayoría de las titulaciones universitarias.

No obstante, las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas permanecen en el subgrupo de clasificación profesional A2, dentro del Grupo A, lo que repercute negativamente en su desarrollo y avance profesional en aspectos tan importantes como el acceso a puestos relacionados con la alta gestión o dirección, toma de decisiones, liderazgo y grupos de investigación.

La cronificación de esta situación ha sido obviamente provocada por una clara falta de voluntad política por solucionarla en tiempo y forma. Con la clasificación del personal funcionario realizada en el artículo 76 del actual RDL 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) se debían renovar los criterios de clasificación de la función pública, para hacerlos más acordes con la evolución de las titulaciones académicas de las  profesiones universitarias, tras la implantación del proceso de Bolonia y los nuevos títulos de grado, así como del resto de titulaciones y categorías sanitarias.

Sin embargo, finalmente y hasta la actualidad, se mantuvo la clasificación profesional ya recogida en el EBEP en 2007, que se limitaba a establecer la equivalencia entre los antiguos grupos y los nuevos, con carácter transitorio a través de la Disposición
Transitoria 3ª, con el fin de dotar de seguridad jurídica a un proceso de actualización del sistema de clasificación complejo y que afectaba a todas las administraciones públicas.

Sin embargo, dicha equivalencia transitoria establecida entre los grupos de clasificación anteriores y posteriores al EBEP, está sirviendo para que se perpetúe la antigua diferenciación existente entre licenciados/as y diplomados/as universitarios/as, realizado esto a través de su encuadramiento en los subgrupos A1 y A2, respectivamente. De este modo, se sigue aplicando una equivalencia temporal pensada para unos grupos profesionales a extinguir, y articulados sobre un sistema educativo derogado, a los nuevos graduados/as universitarios/as que están accediendo a la administración pública, clasificándolos bajo los mismos criterios de la derogada Ley 30/84 de la Función Pública.

No parece lógico ni adecuado que títulos oficiales universitarios de Grado, que cuentan con un plan de estudios de 240 créditos, se adscriban automáticamente al subgrupo A1 o A2, obviando los criterios de clasificación a tal fin impuestos por el artículo 76 del EBEP (responsabilidad de funciones y características de las pruebas de acceso) solo por el mero hecho de que las titulaciones concretas fuesen antes una diplomatura o una licenciatura. Se trata, a nuestro juicio, de una situación discriminatoria e injusta que afecta a numerosos empleados/as públicos/as que, automáticamente y por la vía de los hechos, están siendo adscritos a un subgrupo de clasificación que claramente no les hubiera correspondido de haberse atendido al nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso, tal y como dicta el RDL 5/2015.

Entendemos, por tanto, que la falta de voluntad política para asumir el reto que exige implantar la nueva clasificación de la función pública, ajustada a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, al proceso de reordenación de los títulos
universitarios y al desarrollo competencial experimentado por algunas profesiones (como las profesiones sanitarias tituladas en Enfermería y en Fisioterapia), está consolidando en miles de empleados/as públicos/as una situación profesional sin el preceptivo sustento legal.

Además, cabe señalar que esta situación irregular afecta a miles de titulados/as universitarios/as con un Grado de Enfermería, profesión formada por mujeres casi en un 90%, aumentando así la brecha existente respecto a colectivos mayoritariamente
masculinos, al dificultar su desarrollo profesional y el acceso a los puestos de gestión, dirección y de liderazgo sanitario e investigador en base a unos requisitos administrativos históricos y no competenciales.

En definitiva, entendemos que la única solución para la actual discriminación pasa por modificar el art. 76 del EBEP, en el sentido de suprimir la subclasificación del Grupo A, ya que su aplicación está perpetuando un criterio de clasificación que el legislador del año 2007 derogó, a lo que añadimos que la interpretación y aplicación de los criterios de subclasificación admite un amplio margen de discrecionalidad, lo que a la postre con toda seguridad derivará en nuevos conflictos.

A juicio de esta organización sindical, un Grupo A sin subgrupos, donde se encuadren todos los empleados/as públicos/as que acceden a la Administración bajo la exigencia de un título universitario de Grado, es la única opción acorde con la actual estructura de titulaciones universitarias. Por ello, le solicitamos que desde su Conselleria se impulsen las iniciativas que se consideren pertinentes para contribuir a solventar una realidad conflictiva y viciada desde su origen y, de esta manera, poner fin a la actual situación de desigualdad y discriminación que sufren las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país.

Quedo a su disposición de cara abordar este asunto o cualquier otro que considere de su interés para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y las condiciones profesionales y laborales de nuestros/as profesionales.

Atentamente.